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ATENTADO CONTRA LA AUTORIDAD.REQUISITOS
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Mensaje ATENTADO CONTRA LA AUTORIDAD.REQUISITOS 
 
ATENTADO CONTRA LA AUTORIDAD.REQUISITOS PARA LA APLICACION.AUDIENCIA PROVINCIAL DE ZARAGOZA

Jurisdiccion:Penal
Ponente: LOPEZ MILLAN, ANTONIO ELOY


Origen:Audiencia Provincial de Zaragoza
Tipo Resolución: Sentencia
Seccion: Primera
Cabecera: ATENTADO CONTRA LA AUTORIDAD. Requisitos para la aplicación de la figura






Texto
Fundamentos de Derecho:


Disposiciones estudiadas: Art. 550 del CP de 1995


ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- A virtud de atestado de la Guardia Civil del se instruyeron por el Juzgado de Instrucción número SIETE de Zaragoza las presentes diligencias, en las que se acordó seguir el trámite establecido para el procedimiento abreviado, habida cuenta la pena señalada al delito.


SEGUNDO.- Formulado escrito de acusación por el Ministerio Fiscal y el Abogado del Estado contra J, cuyos demás datos personales ya constan, se acordó la apertura del juicio oral, emplazándose al acusado, y tras presentar éste el correspondiente escrito de defensa, se elevaron las actuaciones a esta Audiencia Provincial.


TERCERO.- Recibidas las diligencias en este Tribunal, y tras los trámites pertinentes, se señaló la vista oral, que ha tenido lugar el día 26 de Marzo de 2001, practicándose en el mismo las pruebas propuestas y admitidas, con el resultado que consta en las actuaciones.


CUARTO.- El Ministerio Fiscal, en sus conclusiones definitivas, ha calificado los hechos de autos como constitutivos de un delito de atentado a Agentes de la Autoridad, de los artículos 550 y 551 del Código Penal y de una falta de daños del artículo 625.1 del mismo cuerpo legal citado, estimando como responsable de los mismos en concepto de autor al acusado, con la concurrencia de la circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal agravante nº 8 del artículo 22, en cuanto al delito; y pidió se le impusiera las penas de: por el delito dos años de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena; y por la falta dos fines de semana de arresto y al pago de costas; y a que en concepto de indemnización satisfaga a la Administración General del Estado (Dirección General de la Guardia Civil) la cantidad de 41.537 pesetas, más intereses legales.


QUINTO.- El Abogado del Estado se adhiere a la petición formulada por el Ministerio Fiscal.

SEXTO.- La defensa del acusado, en igual trámite, alegó que su patrocinado no había cometido delito alguno y pidió su libre absolución y, con carácter subsidiario se aplique la eximente 1ª del artículo 20 y de no estimarse ésta, la atenuante 1ª del artículo 21 en relación con la nº 1 del artículo 20.



HECHOS PROBADOS


En la madrugada del día cuando el acusado Jmayor de edad, con antecedentes penales, junto con D-ambos condenados en sentencia de fecha 11 de Octubre de 1999, ya firme- se encontraban en el exterior del Club " sito en el término municipal de Alagón, después tomar diversas consumiciones alcohólicas y de mantener una violenta discusión y riña L, hicieron acto de presencia en el lugar de los hechos una dotación de la Guardia Civil del Puesto de Utebo integrada por los Guardias con número de identificación TMI vestidos con uniforme y vehículo oficial, quienes tras identificar al acusado y a las otras dos personas, y retirar la porra de madera que portaba L, le indicaron que se fuera a su turismo, así como que iban a formular denuncia por alteración del orden público. Al oír esto, V comenzó a insultarles, tachándoles de cobardes y deseando que ETA les causara la muerte; golpeando éste con el puño al parabrisas del vehículo Peugeot-309, PGG-9246-S, y asimismo el capó delantero causando daños por importe de 41.537 pesetas. A continuación el acusado se abalanzó contra el agente núm. 11949791 que se hallaba en el interior del vehículo solicitando ayuda ante la actitud del acusado y de quienes allí se encontraban, impidiéndole salir del coche, y tras meter el cuerpo por la ventanilla que se encontraba bajada le agarró por el cuello, forcejeando sin llegar a causar lesiones, debiendo ser retirado éste por el otro Guardia que acudió en ayuda de su compañero, a pesar de que H le impedía poder retirarlo.


El informe emitido por el Clínico Universitario de fecha 13-02-2001, indica que el acusado ha sido ingresado en tres ocasiones en el centro de psiquiatría en los años 92, 95 y el 23-11-2000 estando diagnosticado de trastorno de la personalidad y siguiendo un tratamiento de Tegetol y Sinogan.


Por el Médico Forense en informe de 20-0-2001, se dice que salvo que aporte información diferente como por ejemplo eventuales consumos alcohólicos no considera que exista alteración valorable el día de los hechos, sin embargo al ampliar información en el plenario, viene a señalar que de mezclarse la medicación que lleva de forma continuada con la ingesta de alcohol, potenciaría sus efectos y modifica y altera sustancialmente su conducta.



FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Se alega por la defensa del acusado J como cuestión previa y con base en el articulo 793.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la prescripción de la falta de daños por la que venía acusado tanto por el Ministerio Fiscal como por el Abogado del Estado, aduciendo para ello que desde el 3 de Diciembre de 1998, en que se declaró rebelde a su representado hasta el 26 de enero del 2001 en que fue habido, se dejó sin efecto el auto citado anteriormente y se señaló día para la celebración del juicio oral, ha transcurrido el plazo de 6 meses, que exige el artículo 132-3 del Código Penal para la prescripción de las faltas, sin que por otro lado se haya interrumpido el plazo de prescripción.


En este sentido, se debe significar que la prescripción produce la extinción de la responsabilidad criminal cuando transcurre el tiempo determinado por la ley desde que se cometió la infracción punible sin haber iniciado procedimiento alguno, y también cuando iniciado el procedimiento queda paralizado durante el periodo legalmente establecido, entendiéndose que la paralización subsiste cuando las actuaciones procesales concretas son de mero trámite, carentes de contenido substantivo.


Pues bien en este supuesto consta acreditado documentalmente que desde el 3 de diciembre de 1998, -auto en que se declaró rebelde al acusado-, hasta el 26 de enero de 2001, en que éste fue habido y se dejó dicho auto sin efecto, han transcurrido sobradamente los 6 meses exigidos para la prescripción de la falta de daños, sin que tal plazo se haya ininterrumpido por actuaciones judiciales que ofrezcan un contenido sustancial, y es claro que el auto de rebeldía no interrumpe la prescripción puesto que por su propia naturaleza y finalidad no solo no hace avanzar el trámite sino que lo paraliza S.T.S. 11-10-97; ni tampoco cabe atribuir el efecto interruptivo a las órdenes de busca y captura para la localización del acusado, o de requisitorias, ni asimismo la expedición de testimonios, personaciones, solicitud de pobreza o reposición de actuaciones S.T.S. de 5-1-88 y 10-3-93.


Por otro lado tampoco puede admitirse el criterio del Ministerio Fiscal de que el plazo de prescripción de la falta debe ser el mismo que el del delito de atentado por seguir el mismo cauce procesal. Habida cuenta de que no nos encontramos en un supuesto de enjuiciamiento complejo que constituya una unidad delictiva íntimamente conexionada de modo material, como sucede en aquellos supuestos instrumentales en que uno de los delitos constituye un instrumento para la consumación o la ocultación de otro, o de una falta, en cuyo caso prescribe de forma conjunta. Tampoco se trata de que un solo hecho constituya un delito y una o varias faltas y por ello se sigan el mismo procedimiento al existir razones sustantivas para tal unión en unas mismas actuaciones, -concurso ideal-, en cuyo caso no podría considerarse prevista la falta si no lo fue el delito. Finalmente no es el caso de que lo que se está persiguiendo es un delito aunque posteriormente se califique como falta, siendo ahí el criterio predominante el de considerar que el plazo de paralización del procedimiento determinante de la prescripción sea el delito perseguido y no la falta.


En consecuencia, no tratándose de ninguno de estos supuestos, y habiéndose podido enjuiciar la falta de daños con total independencia del delito de atentado, es evidente que ésta ha prescrito y la cuestión previa debe estimarse, acordándose en la parte dispositiva la libre absolución de dicha falta.


SEGUNDO.- Los hechos declarados probados son legalmente constitutivos de un delito de atentado previsto y penado en el artículo 550 del Código Penal


En el citado delito, la norma al configurar el ilícito penal, está otorgando protección a la persona del funcionario, si bien la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha venido exigiendo la concurrencia de dos requisitos: a) un acto de acometimiento o de agresión, y b) que éste se realice contra la autoridad, sus agentes o funcionarios públicos cuando se hallaren ejerciendo las funciones de su cargo o con ocasión de ellas, y sobre el primero de los referidos elementos que deben concurrir -acometimiento- estableciéndose en la praxis judicial que acometer equivale a agredir y basta para tal conducta se de con una acción directamente dirigida a atacar a los funcionarios a la autoridad o a sus agentes (S.T.S. 10-5-88). Llegando la jurisprudencia a advertir con frecuencia que el atentado se perfecciona incluso cuando el acto de acometimiento no llegara a consumarse "lo esencial es la embestida o ataque violento" (S.T.S. 30-1-87).


Además de los requisitos indicados, la jurisprudencia del Tribunal Supremo exige la existencia de un dolo especifico y que éste, según la sentencia del citado tribunal de 24 de febrero de 1989, consiste en la intención de faltar al respecto debido a quienes encarnen el principio de autoridad, pero también lo es como señala dicha sentencia conociéndose la cualidad personal de la autoridad o sus agentes, forzosamente se ha de representar el menosprecio a no ser que se prueba la existencia de un móvil divergente que por su entidad vendría a anular no sólo el dolo, sino el propio injusto del delito, añadiendo la sentencia de 16-6-89, presumiéndose tal ánimo si el sujeto activo conoce el carácter público de la víctima.


En este supuesto concurren todos los requisitos que configuran dicho ilícito penal. En efecto, el acusado conociendo el carácter de funcionarios o agentes de la guardia civil, por ir estos con uniforme reglamentario y vehículo oficial, les insultó, tachándolos de cobardes y deseando que ETA les causara la muerte; y a continuación acometió al agente núm. 11.949.791, abalanzándose contra él cuando se encontraba en el interior del vehículo oficial solicitando ayuda; impidiéndole salir del coche y tras meter el cuerpo por la ventanilla le agarró del cuello, forcejeando, debiendo ser retirado por el guardia que a su vez forcejaba con otra persona, para impedir que pudiera retirar al acusado.


TERCERO.- Del citado delito de atentado es responsable criminalmente en concepto de autor el acusado J. L. V. A., por haber realizado material y directamente los hechos que lo integran.


Su autoría viene acreditada por el testimonio de los agentes de la guardia civil que ratifican las declaraciones anteriores. Así mismo consta el reconocimiento del acusado en cuanto a los insultos, y la declaración del testigo Sr. L que viene a indicar como oyó insultar al acusado y forcejear con los guardias.


CUARTO.- Se alega por la representación procesal de José Luis Valdés Aranda que con carácter subsidiario concurre la existencia de la circunstancia eximente la del artículo 20 del Código Penal, o bien de no considerar ésta la atenuante 1ª del artículo 21 en relación con el nº 1 del artículo 20.


Reiterada jurisprudencia, viene a significar que la aplicación de la eximente primera del artículo 20 del Código Penal de 1995, exige una absoluta carencia de las facultades intelectivas y volitivas, casos poco menos que impensables en que la abolición de tales facultades es total, de modo que más que en delitos de dinámica comisiva, la conducta parece que ha de estar más próxima a las formas comisivas por omisión o en aquellos casos en que el sujeto activo actúa totalmente automatizado.


En el caso de autos, ni del informe emitido por el médico forense, ni del resto de informes médicos obrantes en las actuaciones, puede llegarse a la conclusión de que se den los requisitos exigidos por la jurisprudencia del Tribunal Supremo para configurar la eximente solicitada. Sin embargo sí debe admitirse la existencia de la atenuante 1-21 del Código Penal vistas las manifestaciones efectuadas en el acto del juicio por el médico forense, que viene a indicar como la ingesta de alcohol, como la llevada a cabo el día de los hechos por el acusado mezclada con la medicación que llevaba de forma continuada desde hace años, potencia sus efectos y modifica y altera sustancialmente su conducta, lo que hace que la Sala considere de aplicación la atenuante formulada con carácter subsidiario.


QUINTO.- En la realización del expresando delito ha concurrido la circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal agravante de reincidencia del artículo 22 del Código Penal, lo que se acredita por los certificados de antecedentes penales unidos a estas actuaciones.


SEXTO.- En orden a la determinación de la pena que ha de imponerse al acusado, el delito de atentado viene castigado en el artículo 551 del Código Penal al tratarse de un agente de la autoridad con la pena de 1 a 3 años. Y dado que concurren la agravante de reincidencia y la atenuante 1-21 del Código Penal, la Sala considera que debe imponerse la pena de 1 año de prisión, de acuerdo asimismo con el contenido del artículo 66.1 del Código Penal.


SEPTIMO.- Los responsables criminalmente, lo son también civilmente, y las costas se entienden impuestas por ministerio de la ley a los culpables de delito.

EL TRIBUNAL, por la autoridad que le confiere la Ley, emite el siguiente:


FALLO


PRIMERO.- ABSOLVEMOS libremente al acusado J, cuyos datos personales ya constan en el encabezamiento de esta resolución de la falta de daños de que venía siendo acusado por el Ministerio Fiscal y el Abogado del Estado en esta causa, con declaración de oficio de las costas correspondientes a un juicio de faltas si las hubiere.


SEGUNDO.- CONDENAMOS al acusado J, cuyos demás datos personales ya constan en el encabezamiento de esta resolución, como autor responsable de un delito de ATENTADO A AGENTES DE LA AUTORIDAD, ya definido, con la concurrencia de las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal agravante de reincidencia y atenuante 1ª del artículo 21 en relación con la núm. 1 del artículo 20 del Código Penal, a la pena de UN AÑO DE PRISION, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y al pago de las costas procesales.


Despáchese lo necesario para acreditar la solvencia o insolvencia de dicho acusado.


Y para el cumplimiento de la pena principal que se impone, le abonamos todo el tiempo que ha estado privado de libertad por razón de esta causa, y que ya consta en el encabezamiento de esta resolución.
 



 
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